La contratación en España: Un problema de costes y presión fiscal que afecta al consumo

El reciente artículo del Diario Montañés, basado en el informe del Banco de España, revela un verano de dificultades económicas para las empresas españolas, con una disminución significativa en la facturación del 29,4% en el tercer trimestre de 2024. El informe apunta a la incertidumbre política y la escasez de mano de obra como factores clave detrás de esta caída. Sin embargo, este análisis pasa por alto una de las principales barreras que frenan el crecimiento empresarial: la elevada presión fiscal y el desproporcionado coste de contratación en nuestro país, una combinación que afecta no solo a las empresas, sino también a los consumidores, disminuyendo su poder adquisitivo y generando un círculo vicioso que impacta directamente en la facturación de las empresas.

El coste de contratar en España: Un impedimento real

Cuando una empresa decide contratar a un empleado, el salario que aparece en el contrato no es ni de lejos el coste real para la empresa. En España, contratar a un trabajador supone asumir hasta un 40% extra en cargas adicionales sobre el salario bruto del empleado. Este sobrecoste se desglosa en contribuciones a la Seguridad Social, impuestos y otras obligaciones fiscales que las empresas deben cubrir. En este contexto, la pregunta no es por qué las empresas no contratan, sino cómo podrían hacerlo bajo estas condiciones.

Este coste adicional genera una barrera insostenible para muchas PYMES, que constituyen el núcleo del tejido empresarial español. Para ellas, asumir estos gastos en un entorno de incertidumbre política y económica es simplemente inviable. En el mejor de los casos, las empresas que pueden contratar lo hacen ofreciendo contratos con condiciones precarias, lo que resulta en una mayor rotación de empleados, una menor calidad de empleo y, en última instancia, un mercado laboral más inestable. En el peor de los casos, las empresas recurren a la economía sumergida, evitando las cargas fiscales a costa de la legalidad, lo que perjudica tanto al trabajador como al Estado.

Alta presión fiscal: Estrangulando el crecimiento empresarial

A este escenario se suma la excesiva presión fiscal que soportan las PYMES y los particulares en España. Las empresas, además de afrontar un alto coste en la contratación, se enfrentan a una asfixiante carga tributaria. Impuestos como el IVA, el Impuesto de Sociedades y los tributos autonómicos no solo reducen los márgenes de beneficio de las empresas, sino que también desincentivan la inversión y dificultan la expansión de los negocios.

Para las PYMES, esta alta presión fiscal representa una traba que les impide reinvertir en sus propios negocios, crecer y generar empleo de calidad. En lugar de incentivar el desarrollo empresarial, el sistema fiscal actual castiga a las empresas que intentan expandirse o mejorar su competitividad. Como resultado, el panorama empresarial en España se caracteriza por una constante lucha por la supervivencia en lugar de una búsqueda de crecimiento sostenido.

Impacto directo en el consumo: Menos poder adquisitivo, menos facturación

Pero las consecuencias de esta situación no se limitan solo a las empresas. La alta presión fiscal y los costes de contratación también tienen un impacto directo en los consumidores. A medida que las empresas reducen sus gastos y limitan sus contrataciones, los salarios de los trabajadores permanecen estancados o incluso disminuyen en términos reales. Esto, sumado a la creciente inflación y a un aumento de los costes de vida, ha provocado una disminución drástica en el poder adquisitivo de los particulares.

La capacidad de consumo de los ciudadanos, pieza clave para el crecimiento de cualquier economía, se ha visto gravemente afectada. Las familias españolas, en su mayoría, cuentan con menos ingresos disponibles para gastar en bienes y servicios, lo que directamente contribuye a la disminución de la facturación de las empresas mencionada en el informe del Banco de España. A menor poder adquisitivo, menor demanda de productos y servicios, lo que a su vez perpetúa la crisis en la facturación empresarial.

Un ciclo vicioso que debe romperse

La disminución en la facturación de las empresas y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores son dos caras de la misma moneda. Las empresas no pueden contratar debido al alto coste fiscal y laboral, lo que reduce la calidad del empleo y, por tanto, el poder adquisitivo de los trabajadores. A su vez, la menor capacidad de consumo de los ciudadanos contribuye a la caída de la facturación de las empresas, generando un ciclo económico negativo del que resulta muy difícil escapar.

Para revertir esta situación, es urgente abordar una reforma estructural que alivie tanto la presión fiscal sobre las PYMES como el coste de la contratación. Reducir los costes empresariales permitiría a las empresas generar empleo de calidad, lo que a su vez impulsaría el consumo y, finalmente, permitiría una recuperación sostenida de la economía. Si no se toman medidas decisivas en este sentido, los pronósticos de recuperación que señala el informe serán tan solo un espejismo.

Reformas para el crecimiento sostenible

España se enfrenta a un desafío estructural que no puede seguir ignorándose. Si bien es cierto que la incertidumbre política y la falta de mano de obra son factores importantes que dificultan el crecimiento empresarial, el verdadero problema radica en los elevados costes que las empresas deben asumir para contratar y la alta presión fiscal que las ahoga. Las PYMES, que son la columna vertebral de nuestra economía, necesitan urgentemente un respiro fiscal y laboral para poder contratar, invertir y crecer.

Mientras tanto, los consumidores ven su poder adquisitivo menguado, lo que afecta directamente a la demanda y, en consecuencia, a la facturación empresarial. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo y que debe romperse a través de reformas valientes y estructurales. Sin un cambio en la dirección económica, continuaremos enfrentándonos a veranos de caídas en la facturación y a mercados laborales cada vez más precarios. Para que Santander, y el resto de España, recuperen su vitalidad económica, es esencial que se tomen decisiones que promuevan la creación de empleo y el crecimiento sostenible.