La aprobación de la nueva Ley Antiokupas en el Congreso marca un avance significativo para abordar un problema que, aunque no alcanza niveles alarmantes en Cantabria, tiene un impacto real en las comunidades afectadas. Según datos recientes, Cantabria registró 23 procedimientos judiciales relacionados con okupaciones ilegales en los primeros siete meses de 2022, una tasa ligeramente inferior a la media nacional, lo que refleja que, aunque controlada, la okupación sigue siendo una preocupación para la convivencia y el acceso a la vivienda
Agilización de los procedimientos judiciales
La nueva ley introduce juicios rápidos para delitos de usurpación y allanamiento, lo que reducirá significativamente el tiempo que las propiedades permanecen ocupadas. En Cantabria, muchos casos tardan meses en resolverse, lo que afecta tanto a los propietarios como a las comunidades locales.
Impacto en la confianza de los propietarios
Cantabria tiene más de 50,000 viviendas vacías, muchas de las cuales no se ponen en el mercado por temor a ser okupadas
. La implementación de esta ley podría incentivar a los propietarios a alquilar sus inmuebles, aumentando la oferta de viviendas disponibles, especialmente si se complementa con políticas como incentivos fiscales para fomentar el alquiler seguro.
Mejor convivencia comunitaria
La okupación, aunque no es una alarma social en Cantabria, genera tensiones en las comunidades afectadas. Resolver estos casos con mayor rapidez reducirá los conflictos vecinales y promoverá un entorno más estable.
La Ley Antiokupas puede integrarse con otras iniciativas en la región, como la mejora del parque de viviendas públicas y el incremento de ayudas al alquiler. Por ejemplo, Cantabria ya está duplicando su parque de viviendas públicas y aumentando las subvenciones al alquiler, medidas que facilitan alternativas habitacionales para quienes las necesitan
En resumen, esta reforma legal no solo ofrece una solución más rápida y eficiente a los casos de okupación, sino que también tiene el potencial de revitalizar el mercado inmobiliario y fomentar una mejor convivencia en Cantabria. Es un paso en la dirección correcta para garantizar un acceso más justo y equilibrado a la vivienda en nuestra región.